Sentencia A. 1641/25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1641 DE 2025

 

Referencia: expediente ICC-5154

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín.

Magistrado ponente:                           

Héctor Alfonso Carvajal Londoño.

 

Bogotá D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente

AUTO

Aclaración previa

En cumplimiento de la Circular Interna No. 10 de 2022[1] de la Corte Constitucional, la Sala Plena dispuso que la presente providencia fuera presentada en dos ejemplares. La primera con el nombre real y la información completa de la persona involucrada en este caso, y la segunda con un nombre ficticio. Lo anterior, en tanto se hace referencia al estado de salud y la historia clínica del accionante.

I. ANTECEDENTES

1.                 Acción de tutela. Emiliano, residente en Medellín, Antioquia, interpuso una acción de tutela contra la EPS SURA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana. El accionante tiene 65 años, se desempeña como juez de la República y fue diagnosticado con tumor maligno de próstata, motivo por el cual se le practicó una cirugía el 24 de junio de 2024[2]. A raíz de la intervención, se le otorgó una incapacidad médica por 30 días[3]. Aunque solicitó la transcripción de la incapacidad, la EPS la rechazó con fundamento en que se presentó por fuera del plazo de 15 días. Sin embargo, el accionante afirma que sí la radicó oportunamente a través de la plataforma “Judith”[4].

2.                 Ante el riesgo de no recibir salario en agosto, presentó una petición al Grupo de Asuntos Laborales de la Rama Judicial, que le otorgó plazo hasta el 19 de agosto de 2025 para resolver la situación y pago del salario de agosto con normalidad. No obstante, se le advirtió que, de no solucionar el trámite de la incapacidad, se haría el descuento en septiembre.  Por medio de la acción de tutela solicitó como medida provisional la transcripción y el pago de la incapacidad[5].

3.                 Declaraciones de falta de competencia. El Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, mediante Auto del 11 de septiembre de 2025, se abstuvo de conocer la acción de tutela y la remitió, por competencia, a los juzgados de lo contencioso administrativo de Medellín. Fundamentó su decisión en el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, el cual establece que las acciones de tutela interpuestas por funcionarios o empleados judiciales que pertenezcan o hayan pertenecido a la jurisdicción ordinaria deben ser conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo[6].

4.                 Por su parte, el Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín, mediante Auto del 12 de septiembre de 2025, también declaró su falta de competencia y remitió el conflicto a la Corte Constitucional. Fundamentó su decisión en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021, señalando que la tutela debía ser conocida por el juez municipal porque el amparo fue presentado en contra de un particular: EPS SURA. Específicamente, indicó que: “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales”[7].   

5.                 Reparto al despacho sustanciador. El 12 de septiembre de 2025, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional[8] y el 17 de septiembre de 2025, en sesión de Sala Plena, el expediente de referencia fue asignado al despacho del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

6.                 La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[9]. En similar sentido, estableció que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[10]. Por lo tanto, según las reglas establecidas en el Auto 550 de 2018^[11], la competencia de esta corporación solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela^[12].

7.                 En esta ocasión, la Corte está facultada para resolver el conflicto de la referencia porque las autoridades judiciales involucradas en esta controversia, el Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y el Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín, a pesar de integrar funcionalmente la Jurisdicción Constitucional, carecen de una autoridad encargada para ello según la Ley 270 de 1996[13].

8.   De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[14], (ii) el factor subjetivo^[15] y (iii) el factor funcional^[16].

9.      El Decreto 333 de 2021 consagra en el parágrafo 2° del artículo 1° que las reglas de reparto contenidas en esa norma “no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”[17]. Por su parte, la Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos que se suscitan en aplicación de reglas de reparto son “aparentes” porque estas reglas administrativas “en ningún caso, definen la competencia de los despachos judiciales”[18].

10.             En igual sentido, esta Corporación a dispuesto que cuando “dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”[19].

III. CASO CONCRETO

11.               De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que en el presente proceso se configuró un conflicto aparente de competencia fundado en la aplicación de una regla de reparto. En efecto, mediante Auto del 11 de septiembre de 2025, el Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías pretendió desprenderse del trámite de la acción de tutela a partir de la aplicación de la regla de reparto contenida en el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, el cual establece que las acciones de tutela interpuestas por funcionarios o empleados judiciales que pertenezcan o hayan pertenecido a la jurisdicción ordinaria deben ser conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo[20].

12.             Al respecto, esta Corporación considera que el Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías otorgó un alcance inexistente a las reglas de reparto que son meras pautas de asignación de expedientes de tutela. Por lo tanto, el actuar de esta autoridad contradijo la jurisprudencia de esta Corporación, afectó la celeridad e incluso desconoció la naturaleza misma de la acción de tutela como mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Esta misma situación también es reprochable al Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín, que también se declaró incompetente con base en dichas reglas (núm. 4 supra).

13.             Con fundamento en lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena asignará al Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías la competencia para resolver el asunto de fondo. Esta decisión se fundamenta en que las reglas de reparto no pueden ser utilizadas para negar la competencia y, esta fue la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso por reparto.

14.             Decisión de la Sala Plena. Teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas en esta providencia y de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el Auto del 11 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías; (ii) le remitirá el expediente a esta autoridad judicial para que inmediatamente continúe con el trámite correspondiente y adopte la decisión a que haya lugar; y, (iii) advertirá a los Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y al  Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín para que, en lo sucesivo, se abstengan de suscitar conflictos de competencia a partir de las reglas de reparto.

IV. DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE:

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 11 de septiembre de 2025, proferido por el Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías en la acción de tutela promovida Emiliano, en contra de EPS SURA.

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5154 al Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

TERCERO. ADVERTIR a los Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y al  Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín para que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a las partes, al Juzgado 041 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías y al Juzgado 036 Administrativo Oral de Medellín.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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